La nueva tragedia en el exterior que involucra víctimas peruanas, conmueve la opinión pública nacional. Los medios de comunicación masivos dedican espacios al dolor de los emigrados y sus familiares, afectados ahora por la tragedia ferroviaria que deja tres peruanos fallecidos y uno hospitalizado.
Hace sólo semanas ocurría lo propio con un terrible accidente automovilístico en Canadá y poco antes un naufragio en las costas de Italia. No es ninguna racha de mala suerte, es casi una necesidad matemática, estadística. Con más de tres de millones de peruanos en prácticamente todos los países del mundo, es altamente probable que se encuentren entre los afectados o víctimas de graves tragedias en cualquier parte del planeta.
Pero más allá de la sensibilidad del momento, que está muy bien, ¿qué necesitan y con qué cuentan estos emigrados que nos conmueven con su tragedia lejos del suelo patrio? En términos sencillos, necesitan con urgencia que el Estado peruano les garantice sus derechos que les otorga la Constitución por ser nacionales y ciudadanos peruanos y que no pierden por residir en un territorio distinto al del Perú.
El derecho a ser elegidos y representarse ellos mismos en el congreso de la República; o el derecho a recibir en igualdad apoyo para retornar a vivir en Perú, y no como ahora, que se da únicamente para los más pudientes.
Pero sobre todo, necesitan una entidad del Estado con suficiente poder jerárquico para atenderlos en sus necesidades múltiples, dedicado exclusivamente y que concentre las experticias ganadas en estas últimas décadas, en suma, un Viceministerio de Política y Gestión Migratoria, no como hoy que el Ministerio de Relaciones Exteriores los tiene entre sus mil preocupaciones diarias: comercio exterior, tratados y organismos internacionales, relación con los Estados, etc.
Y, lo más imprescindible, necesitan presupuesto. Según cifras oficiales, al contrario de la sensibilidad hacia ellos, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido disminuyendo constantemente como porcentaje del presupuesto total nacional, desde el 0.75% en 2007 hasta el 0.59% en 2011.
Del total de ese presupuesto la cantidad que va a servicios consulares para los tres millones de emigrados es tan baja, que los propios emigrados deben financiar ellos mismos, pagando con costos de trámites el 56% de esos servicios.
Para la atención de graves casos humanitarios o de emergencia, como los que conmueven hoy día a la opinión pública, existe un Fondo de apenas 100 mil dólares anuales, equivalentes más o menos a 280 mil soles, menos de 10 centavos de sol por cada uno de los 3 millones de emigrados. Cifra que contrasta con los no menos de 300 millones de dólares que le aportaron directamente al Estado, vía IGV pagado por sus remesas en dinero enviadas al Perú, más de 2.500 millones de dólares en 2011, elevando la calidad de vida de millones de familias y dinamizando la economía del país.
Todo lo cual explica que las autoridades destinadas a enfrentar la situación no cuenten ni con las instituciones ni con los recursos suficientes para actuar adecuadamente, de manera que se anuncian como novedad medidas como la entrega de DNI en el exterior en pocos días, o un call center en Lima para recibir quejas de emigrados, mismas que literalmente se vienen anunciando como “novedad” cada tantos años, desde hace dos décadas, como puede comprobarse en los informes públicos disponibles en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se requiere entonces la creación de un Fondo de Retribución de aportes fiscales a los peruanos en el exterior que reinvierta en ellos un 15% de lo que han aportado directamente al Estado cada año por pago de IGV de sus remesas. No es un gasto, sino una clara inversión que está probado traerá mayores aportes y vínculos de los emigrados para el país.
Todas estas medidas ya son Proyectos de Ley y sectores del Estado como el Parlamento Andino y la propia Dirección de los Derechos de los Peruanos en el Exterior del MRE, junto a otras múltiples entidades estatales y civiles, hacen esfuerzos por realizarlas.
Sin embargo, quienes deben hacerlas realidad son el Presidente de la República, cumpliendo así con lo que fueron sus compromisos electorales, el Canciller, y el Congreso de la República. Por eso decimos que la sensibilidad esta muy bien, pero la voluntad política, el presupuesto y los derechos son mejores, más aún imprescindibles y urgentes, y perfectamente posibles.
¿Por qué entonces no garantizarles sus derechos a quienes hoy tanto nos conmueven?
- Ricardo Jimenez A.
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