Alcalde de San Bartolo y los Miró Quesada trafican con terrenos del Estado


El burgomaestre Jorge Luis Barthelmess y los empresarios Racso Miró Quesada Vegas y Ricardo Valderrama han sido denunciados por el procurador anticorrupción tras haberse apoderado de un terreno del Ministerio de Vivienda. En estas tierras ya se construye un lujoso condominio con vista al mar, ante la complicidad de las autoridades. Increíblemente, una pobladora que denunció este abominable hecho fue enviada a prisión.

 

El alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess Camino, ya está calentando motores para lograr una cuarta reelección en ese balneario, pero afron­ta una denuncia judicial por vender a una inmobiliaria un terreno elevado de 610,989.41 m2, conocido como Lote 201, que está ubicado en el distrito de Punta Negra y, encima, es de propiedad del Ministerio de Vivienda. El predio está reservado para acoger una planta de tra­tamiento de aguas servidas del cono sur y, además, es un refugio natural ante un eventual terremoto y tsunami.

Los empresarios Racso Gerardo Miró Quesada Vegas y Ricardo Valde­rrama Cueva la hicieron linda al pagar 1’601,437 nuevos soles por el Lote 201 en una subasta convocada en octubre de 2012 por la Municipalidad de San Bartolo. Y es que el verdadero valor de este terreno, según el informe técnico N.° 063-2013 de la procuraduría de la Superintendencia de Bienes Naciona­les (SBN), es de 6’853,363.81 nuevos soles. Es decir, casi seis veces más del precio al que se vendió. En otras pa­labras, Miró Quesada y Valderrama desembolsaron la indignante suma de 2,621 nuevos soles por metro cua­drado, cuando realmente valía 11,218 nuevos soles.

La SBN considera que el valor del Lote 201 se debe al incremento en la dinámi­ca del mercado inmobiliario en la zona sur de Lima, la cual además tiene una tendencia potencial para el desarrollo de actividades de tipo industrial y comer­cial. Y eso lo saben bien Miró Quesada y Valderrama, pues han creado el condo­minio Punta Nueva Mar y Bosques, para vender a 35 mil dólares cada parcela de 512 metros cuadrados del Lote 201. “Es­tamos a cinco minutos de los más bellos balnearios limeños (altura del kilómetro 44.7 de la Panamericana Sur)”, reza un eslogan de esta inmobiliaria.

La presidenta del Frente de Defen­sa de Punta Negra, María Isabel Flo­res Sales, opina que esta venta ilegal no solo afecta al Estado, sino también a miles de vecinos de los centros po­blados Costa Azul, Villa Mercedes y Las Lomas de ese distrito. “Nos han robado a mí, a usted, a todos los pe­ruanos”, dice indignada la dirigente vecinal. “Lo que pasa –agrega– es que si se produce una catástrofe no ten­dríamos a dónde escapar. El terreno es ideal para convertirse en un refugio de Defensa Civil por su elevación”.

EN PRISIÓN POR PEDIR JUSTICIA

Aunque parezca ilógico, María Isabel Flores ha sido denunciada por Racso Miró Quesada de haber invadido has­ta en dos oportunidades dicho terreno, que considera de su propiedad. A raíz de ello, la dirigente vecinal actualmente afronta un proceso judicial por el pre­sunto delito de usurpación agravada. Incluso, estuvo detenida preventiva­mente durante cuatro meses en el pe­nal Virgen de Fátima y ahora está con mandato de comparecencia. ¡Increíble!

Racso Miró Quesada compró a precio ganga un terreno del Ministerio de Vivienda para construir y vender condominios.Si el predio en cuestión no le per­tenece a Racso Miró Quesada, ¿por qué el Poder Judicial procesa a esta mujer por invadir el Lote 201? ¿Acaso el poder y las influencias han cegado a la justicia? En todo caso, si María Isabel Flores es culpable de intentar invadir dicho predio, el único perju­dicado es el Ministerio de Vivienda, al que pertenece de acuerdo a ley, y no el señor Racso, quien es el que realmente ha invadido un predio del Estado.

Por lo pronto, el procurador anti­corrupción Christian Salas también ha denunciado a todos los implicados en esta escandalosa transacción de un terreno del Ministerio de Vivienda: al alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Bar­thelmess, y a los empresarios Racso Miró Quesada y Ricardo Valderrama, quienes son acusados por el presunto delito contra la Administración Públi­ca en la modalidad de colusión agra­vada en perjuicio del Estado peruano. Aquí se habría traficado vilmente con un terreno que pertenece a todos los peruanos.

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA

La denuncia, consignada en el ex­pediente N.° 3392-2013 y enviada al juzgado de investigación preparatoria de Lima Sur, señala que el alcalde Bar­thelmess vendió el Lote 201 basándose en una norma derogada. Resulta que el burgomaestre se basó en el decre­to ley 10966, que en 1949 adjudicó a la Municipalidad de San Bartolo los terrenos estatales ubicados en su ju­risdicción, para sustentar esa venta. Sin embargo, esta disposición fue su­primida posteriormente mediante el decreto ley 17119. Racso Miró Que­sada también sabía que el terreno en cuestión era de propiedad del Estado, pues solicitó en tres oportunidades a la Superintendencia de Bienes Nacio­nales información al respecto, según el documento. Pero, pese a todo, decidió adquirirlo.

El procurador Salas también ha so­licitado que los denunciados paguen de manera solidaria una reparación civil de 1’863,240.15 dólares, o su equivalente en soles, por el daño pa­trimonial afectado, y 600 mil nuevos soles por daño extrapatrimonial. Pare­ce que el negocio le puede salir caro tanto al alcalde Barthelmess como a Miró Quesada y a su socio Valderra­ma. Toda una asociación ilícita.

Si bien actualmente el Ministerio Público ha dispuesto la formalización de la investigación preparatoria, hasta la fecha este proceso no ha concluido. Por ello, la solicitud de la procura­duría anticorrupción para asumir la representación del Estado en defensa del predio, que hoy figura como un condominio en venta, tendrá que es­perar el sueño de los justos. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Pero, como estamos en el Perú, solo podemos afir­mar que el tiempo lo dirá.

¿QUIÉN ES EL ALCALDE BARTHELMESS?

El administrador de empresas Jorge Luis Barthelmess ocupa la alcaldía de San Bartolo desde enero de 2003 gracias a que ha sido reelegido en tres oportu­nidades, y no es la primera vez que se encuentra involucrado en una denuncia judicial en la que figura como agraviado nada menos que el Estado. Pese a todo, dicen, se prepara para repetir el plato en las próximas elecciones.

En febrero de 2010, en pleno régi­men aprista, el entonces procurador de la Presidencia del Consejo de Minis­tros (PCM), Ricardo Castro, denunció por el presunto delito de negociación incompatible al alcalde Jorge Luis Bar­thelmess, al expresidente de SEDAPAL, Guillermo León, y a su hermana Ana León por la cuestionada construcción de dos plantas de tratamiento de aguas servidas en San Bartolo. Vecinos de este balneario denunciaron que esas obras contaminaban el medioambiente por los malos olores que expedían, y ade­más ocultaban la contratación irregular de una constructora.

Al parecer, el alcalde Barthelmess ha­bría apoyado esa impopular construc­ción realizada por la gestión de Guiller­mo León en SEDAPAL porque habría sido socio de su hermana, Ana León, en una compra de terrenos. En respues­ta, Barthelmess negó en una entrevista a RPP dichas acusaciones. De más está decir que la justicia no se ha pronuncia­do hasta el día de hoy sobre este caso.

DAVID VERSUS GOLIAT

La dirigenta vecinal María Isabel Flores comentó en un diálogo con Velaverde que se siente sola ante lo que ella considera una lucha entre David y Goliat, al referirse a la denuncia en su contra efectuada por el empresario Racso Miró Quesada. Sin embargo, precisa que no se rendirá en su heroica lucha –que incluso le valió la cárcel– hasta lograr que el Lote 201

Cuando le preguntamos si cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Pun­ta Negra, Silvana Prado, María Isabel Flores prefiere no opinar. Solo respon­de que empresarios inescrupulosos, en complicidad con traficantes de te­rrenos y autoridades corruptas, siguen acechando el distrito de Punta Negra, para apoderarse de inmensas hectá­reas de terrenos del Estado para ven­derlas a precios millonarios.

“Los traficantes cobran 50 soles por el ingreso a su asociación, 7 mil soles por la posesión de un lote y un dinero extra por concepto de abogados. En los enfrentamientos entre mafias siempre hay muertos, pero las autoridades y la Policía se tapan los ojos”.

Comenta que, semanas atrás, ve­cinos de Punta Negra participaron en una marcha hacia la municipalidad en demanda de vigilancia y para denun­ciar que sujetos inescrupulosos vienen comercializando… ¡hasta la arena de las playas de ese distrito! La voracidad de las mafias de traficantes de terrenos no tiene límites. Solo queda confiar en que las autoridades pongan orden y no se sumen al despojo que parece reinar impunemente en los distritos del cono sur de Lima. Sin duda, una lucha entre el pueblo y el gigantesco poder del di­nero y las influencias.

> revistavelaverde.pe

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