OSCE: Arbitrajes en el Estado requieren de compromiso ético

Por tratarse de resolución de controversias que comprometen recursos públicos
Fortalecer la transparencia en los arbitrajes del Estado no significa una intervención, ni limitación a la función arbitral. El conocer si el Estado gana o pierde, y si pierde cuánto pierde, y en qué pretenciones, requiere ser conocido e informado. Los árbitos, si bien son privados, ejercen función pública al decidir sobre recursos públicos, cuya naturaleza está entrelazada con los principios de publicidad y transparencia.

Magali Rojas Delgado, Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, hizo estas reflexiones durante su participación en la ceremonia de clausura de los Diplomados de Especialización en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Arbitraje, en virtud al convenio entre el OSCE y la Universidad ESAN; y, dentro del marco del “Programa de Formación de Árbitros en Contrataciones del Estado”, desarrollado por el Instituto de Desarrollo Económico de dicha casa superior de estudios.

En la ceremonia Magali Rojas, dirigió un mensaje a los integrantes de las promociones: “marquen la diferencia”, al solicitarles que sean árbitros que resalten por sus valores éticos, que no se supediten a intereses privados, demostrando que se puede coexistir con registros transparentes, con información, con laudos registrados en el SEACE para que todos conozcamos cómo se resuelven las controversias del Estado, que son finalmente con recursos de todos, “construyamos una nueva concepción y percepción del arbitraje, un arbitraje ético” resaltó.

Acotó que el OSCE, dentro de sus acciones de fortalecimiento de la transparencia, está constituyendo el Registro Nacional de Árbitros a fin de contar con una data básica sobre los árbitros que ejercen función pública y deciden sobre soluciones que afectan recursos públicos, muy entrelazados con los principios de publicidad y transparencia.

¿Qué es OSCE?

El OSCE, creado por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Es el organismo encargado de velar y promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado; supervisar y fiscalizar de forma selectiva y/o aleatoria los procesos de contratación que llevan a cabo las Entidades bajo el ámbito de la citada normativa; proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos involucrados en dichas contrataciones; y administrar el Registro Nacional de Proveedores – RNP y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, entre otras funciones establecidas en el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado.

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