Congreso peruano archiva proyecto de ley de despenalización del aborto por violación

– La congresista Verónika Mendoza, la única que votó en contra del archivamiento, solicitó  un recurso de consideración para que se vuelva a debatir el proyecto.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República archivó ayer por mayoría el proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación sexual (03839/2014 IC), tras ser debatido hasta en seis sesiones. Se trataba de una iniciativa ciudadana, respaldada por más de 64 mil personas, que entró al Congreso en octubre de 2014.

A pesar de que el presidente de la Comisión, Juan Carlos Eguren, al inicio de la sesión dijo que el proyecto de ley se debatiría en la próxima sesión debido a la poca presencia de congresistas y por el pedido expreso que solicitó la congresista fujimorista Martha Chávez, ausente por motivos de salud ; finalmente-y de manera intempestiva y sin mayor debate- se sometió a votación ante el pedido reiterativo del congresista de Fuerza Popular (del partido del ex presidente Alberto Fujimori), Julio Rosas.

Con 4 votos a favor,  1 abstención y  1 voto en contra se archivó el proyecto de ley.Votaron a favor de enviar el proyecto al archivo los congresistas Octavio Salazar, Julio Rosas y Juan Díaz Dios, los tres de Fuerza Popular, y Mariano Portugal, de Unión  Regional. En contra, Verónica Mendoza (AP-FA) y se abstuvo Cecilia Chacón, de la bancada fujimorista.Lamentamos que no se haya dado lugar a un debate serio y profundo de los propios congresistas considerando una realidad cruda y dura que tiene que ver con 17 mil denuncias por violación sexual al año. La Comisión de Justicia el día de hoy se ha tapado los ojos”, sostuvo Mendoza. Ante esta decisión, la congresista anunció que ya ha presentado una recurso de reconsideración para que se vuelva a discutir el proyecto la próxima sesión.

 “No todo está dicho.  Reclamamos un trato justo porque han dado un trato desigual a las opiniones técnicas que respaldan nuestra  posición”, María Elena Reyes, directora de la organización Manuela Ramos que forma parte del colectivo Déjala Decidir. Las organizaciones promotora de este colectivo ponen en cuestión los procedimientos antidemocráticos  bajos los cuales se ha discutido este proyecto de ley, así como denuncian la falta de laicismo y pluralidad en el debate pues sostienen que este ha sido monopolizado por opiniones basadas en creencias religiosas y no técnicas, representadas por el Ministerio Público , el Poder Judicial, el Colegio Médico del Perú y diversos especialistas médicos, que cuentan además con una opinión favorable a esta iniciativa.

“Hubo debates en semanas anteriores pero el procedimiento de estos vulnera el principio de neutralidad del Estado y el principio de Estado laico. La gran mayoría de las opiniones que han sido consideradas fueron las de organizaciones e instituciones que forman parte de la jerarquía católica evitando una pluralidad en el debate”, afirma Liz Meléndez de la organización Flora Tristán.

Se estima que se producen cada año 35.000 embarazos por violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007. El 78% son mujeres menores de 18 años, y en el 76% de los caos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima. Organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) exhortó en repetidas ocasiones al Estado peruano para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual. Asimismo, el Comité  de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara  la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proprocionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

Hay que recordar que en el Perú la única forma de interrupción del embarazo permitida es el aborto terapéutico, es decir, aquel en el que la continuación del embarazo constituye un riesgo para la salud o la vida de la mujer. Así quedo reconocido en 1924 cuando pasó a ser incorporado en el Código Penal. Sin embargo, el protocolo que garantizaba el cumplimiento de  este derecho fue aprobado 90 años después, es decir, en junio de 2014.

> Nylva Hiruelas

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